El Consejo de Estado ha cumplido fielmente sus propósitos como máximo órgano de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y con determinación se ha encargado de administrar justicia de manera eficiente, eficaz y con altos estándares de calidad para solventar oportunamente las necesidades de la ciudadanía.
Uno de los grandes retos en 2022 fue transformar la experiencia de administrar justicia en tiempos difíciles, en nuevas dinámicas de trabajo que armonizaran las competencias constitucionales y legales atribuidas a la Corporación con la prestación ininterrumpida del servicio público esencial en las modalidades presencial y a distancia, desafío que requirió sin duda alguna del apoyo de los servidores judiciales y de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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Al inicio del 2022 la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo estaba conformada por 353 juzgados administrativos permanentes distribuidos en 42 circuitos judiciales,182 magistrados que componen los 26 tribunales administrativos en un mismo número de distritos judiciales y el Consejo de Estado como órgano de cierre con 31 plazas de magistrados.
De la mano de la Presidencia y de las Comisiones Interinstitucional de la Rama Judicial, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como de la Comisión de Acompañamiento y Seguimiento a la implementación de la Ley 2080 de 2021, que modificó el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se realizó un estudio de cargas individuales de trabajo y se elaboró un documento técnico que justificó la asignación de recursos que permitieran mejorar la cobertura local y rural del servicio de justicia, impulsar la función relatora de tribunales y equilibrar las plantas de personal de las secretarías, de esos despachos judiciales y oficinas de apoyo.
Con base en esos estudios y la disponibilidad presupuestal prevista para el 2022, el Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público definieron la primera fase para fortalecer la jurisdicción en atención a la entrada en vigor de la referida Ley 2080.
Este esfuerzo conjunto se materializó en el Acuerdo PCSJA22-11976 de 28 de julio de 2022 y con fundamento en el artículo 83 de la Ley 2080 de 2021 se identificaron las necesidades de la oferta judicial de los tribunales y juzgados administrativos para implementar el nuevo régimen de competencias y satisfacer las necesidades de la justicia local y departamental, con la creación de diversas plazas que entraron en funcionamiento el 1° de agosto de 2022 y que se detallan a continuación:
Distrito | Magistrado | Profesional Especializado 23 | Sustanciador | Profesional Universitario | Auxiliar Judicial 1 | Total Cargos |
---|---|---|---|---|---|---|
Antioquia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Santander | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Valle del Cauca | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Valle del Cauca | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 18 |
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo conoce de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional y en segunda instancia, de los procesos de pérdida de investidura de los congresistas.
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado sus miembros no toman parte en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales. Sus funciones están señaladas en la Constitución Política, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo conoce de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional y en segunda instancia, de los procesos de pérdida de investidura de los congresistas.
En el marco de la reforma prevista en el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021, le corresponde decidir en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como del recurso de queja que se formule contra las providencias de los tribunales.
La presidencia del Consejo de Estado tiene asiento por disposición legal, en distintos espacios interdisciplinarios de deliberación y decisión, en este punto, se presentan los diversos espacios en los que participa la Corporación:
A su vez, en garantía de la doble conformidad, resuelve las demandas en el marco de la acción de repetición que el Estado ejerza contra servidores del orden nacional y de los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de carácter disciplinario expedidos contra el vicepresidente de la República o los congresistas, sin importar el tipo de sanción.
A continuación, se presentan algunas de las decisiones más significativas proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo durante el 2022:
En cumplimiento de la función consultiva, absuelve las consultas generales o particulares que le formule el Gobierno Nacional, a través de sus ministros y directores de Departamento Administrativo y conceptúa sobre los contratos que se proyecten celebrar con empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos para efectuar el control fiscal de la gestión administrativa nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 267 de la Constitución Política.
Aunado a lo anterior, emite concepto a petición del Gobierno Nacional en relación con las controversias que se presenten entre entidades del nivel nacional o entre estas y entidades del nivel territorial con el fin de precaver un eventual litigio, verifica de conformidad con el Código Electoral, si cada candidato a la Presidencia de la República reúne o no los requisitos constitucionales y para expedir la correspondiente certificación, ejerce el control previo de legalidad de los Convenios de Derecho Público Interno con las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones, de conformidad con lo dispuesto en la ley .
Por último, resuelve los conflictos de competencias de naturaleza administrativa entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo.
A continuación, se presentan algunas de las decisiones más significativas proferidas por la Sala de Consulta y Servicio Civil durante el 2022 y aquellos conceptos que de conformidad con el párrafo 1 del artículo 112 de la Ley 1437 de 2014 se levanta la reserva legal respectiva:
El presidente del Consejo de Estado hace parte de:
Órgano que se encarga del estudio y la discusión de asuntos que interesan a la administración de justicia compuesto por los presidentes de las Altas Cortes, el fiscal general de la Nación, un representante de los funcionarios de la Rama Judicial y otro de sus empleados.
Durante el 2022 la Comisión Interinstitucional llevó a cabo 15 sesiones en las que abordó los asuntos de su competencia contenidos en el artículo 97 de la Ley 270 de 1996, de los cuales se destacan: la conformación de la terna para el cargo de director ejecutivo de Administración Judicial, la emisión de los conceptos previos sobre el Plan de Formación de la Rama Judicial 2022, el Plan Sectorial de Desarrollo 2022- 2026, el Anteproyecto de Presupuesto 2023, la creación de cargos en la Corte Constitucional, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, las Jurisdicciones Ordinaria y de lo Contencioso Administrativo y la adopción de medidas transitorias o permanentes en algunos despachos judiciales del país.
Organismo de naturaleza legal, colegiado y autónomo, que dirige y administra la carrera notarial y los concursos de méritos para notarios. Como órgano rector su función es garantizar, propender y proteger el sistema de mérito en el nombramiento de los encargados de dar fe pública.
Está integrado por el ministro de Justicia y del Derecho quien lo preside, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Consejo de Estado, el procurador general de la Nación y dos notarios o sus delegados.
En 2022 se llevaron a cabo 5 sesiones de conformidad con las atribuciones y competencias previstas en la Constitución Política, la ley y decretos reglamentarios, esto es, derecho de preferencia, traslados y solicitudes de licencia de notarios, análisis de los procesos judiciales en los que hace parte el Consejo Superior de Carrera Notarial, entre otros.
Organismo creado mediante Acuerdo 157 de 2021 de la Sala Plena del Consejo de Estado, conformado por el presidente de la Corporación, el coordinador de la Comisión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Consejo de Estado y 6 representantes o delegados de los tribunales y de los juzgados administrativos uno por cada zona del mapa judicial de la jurisdicción, a saber: norte, noroccidental, nororiental, central, suroccidental y suroriental.
La comisión durante el año 2022 se encargó de estudiar, planear, diseñar y ejecutar planes, proyectos y medidas con una visión integral y holística para el aprovechamiento y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Se avanzó en la divulgación de los procesos de transformación digital de la jurisdicción, en la sensibilización, formación y capacitación en dicha materia.
Con el concurso de los diferentes distritos judiciales se levantaron los listados de necesidades de los juzgados y tribunales, particularmente en materia de equipos técnicos e infraestructura de las sedes judiciales.
Propende por el incremento de la efectividad, eficiencia y transparencia de los servicios que presta la Rama Judicial con miras a resolver las controversias judiciales y solventar en gran medida las problemáticas actuales, por medio de desarrollos digitales y el robustecimiento técnico de las plantas de personal que responden a las necesidades de la ciudadanía, con proyectos como el Sistema Integrado Único de Gestión Judicial (SIUGJ), de seguridad de la información y ciberseguridad, conexiones wifi, identidad y firma digital, modernización de las salas de audiencias, entre otros.
El comité directivo lo integran el presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Judicatura, los presidentes del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, la directora ejecutiva de Administración Judicial y la gerencia de la Unidad Ejecutora del Programa para la Transformación Digital de la Justicia. Tiene a cargo una mesa técnica conformada por delegados de los integrantes que vigilan los proyectos y presentan informes periódicos de inversión.
El programa de transformación digital está previsto en tres fases: la primera consiste en el fortalecimiento institucional del sistema judicial, de los servicios, del entorno y la cultura digital. La segunda y tercera, se centran en la inversión en los territorios para la consolidación de estos programas.
Propicia una adecuada coordinación y colaboración de diversas entidades en materia de lucha contra la corrupción para facilitar su funcionamiento. La comisión cuenta con una subcomisión técnica que está a cargo por delegación de un servidor de la Corporación. El 3 de octubre se llevó a cabo una sesión en la que el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República presentó a la subcomisión técnica la «hoja de ruta» de lo que resta de 2022 y los planes para el 2023.
En este sentido, como objetivos inmediatos propuso la presentación de proyectos de ley ante el Congreso de la República para «ajustar y precisar» algunas normas anticorrupción con el fin de dotarlas de eficacia y mayor colaboración interinstitucional. Durante la sesión se resaltó la función legal atribuida a la Sala de Consulta y Servicio Civil de revisar proyectos de ley a petición del Gobierno Nacional de conformidad con el numeral 2º del artículo 112 del CPACA, en caso de estimar acudir a ella.
En el mes de octubre y noviembre se gestaron nuevos espacios para identificar los retos que marcarán la agenda de trabajo del próximo ciclo de la Comisión y de la Subcomisión Técnica.
Es un foro multiactor del país encargado del acompañamiento y seguimiento de las entidades que forman parte de la Alianza para el Gobierno Abierto AGA –hoy Estado Abierto-, en el que asumen compromisos en pro de la transparencia activa, la rendición de cuentas y la participación ciudadana mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el fortalecimiento de la relación Estado – ciudadano.
A la fecha, el Comité ha centrado sus esfuerzos en el acompañamiento para el cierre de los compromisos AGA asumidos por las entidades que participan en la Alianza y que culminan en el 2022 y se generó un primer espacio con el actual secretario de Transparencia para iniciar los procesos de invitación a las entidades de todas las Ramas del Poder Público con el fin de suscribir compromisos para el 2023.
Órgano e instancia permanente de interlocución, concertación, planeación, diseño y seguimiento de las políticas públicas de la Rama Judicial en materia de Jurisdicción Especial Indígena.
En el 2022 se realizaron 6 sesiones en las que el Consejo de Estado participó activamente y apoyó la redacción de un proyecto de ley para la concertación entre el sistema judicial nacional y la jurisdicción indígena.
De otra parte, se lideraron 2 conferencias de interés sobre responsabilidad del Estado por error jurisdiccional y conflictos de competencias administrativos. Con ocasión de estos espacios, los integrantes sugirieron que se coordinen jornadas adicionales a futuro con el fin de conocer a fondo el quehacer de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Órgano de dirección política sobre administración documental que orienta la Rama Judicial. En la sesión del 2 de mayo de 2022, se aprobaron las tablas de retención documental como resultado del desarrollo en conjunto con la Comisión de Archivo y Calidad del Consejo de Estado, que apoyó de forma permanente a los juzgados y tribunales administrativos del país para actualizar y validar su contenido.
De conformidad con lo previsto en los artículos 109, numeral 7º, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 2, numeral 7º y 4º del Reglamento Interno del Consejo de Estado, se identificó la necesidad de estructurar las comisiones de trabajo de la Sala Plena con el propósito de continuar con las tareas oficiales que le han sido encomendadas y atender de manera expedita las funciones constitucionales, legales y reglamentarias que se le atribuyen a la Corporación. En consecuencia, el presidente del Consejo de Estado integró y conformó los equipos de trabajo. A continuación, se presentan los principales avances en cada una de las referidas comisiones:
Sobre el particular, se resalta la gestión de esta comisión que en conjunto con los miembros de la Sala de Consulta y Servicio Civil y de la Sección Quinta permitió la construcción de un documento en el que el que se argumentó la posición institucional y el desacuerdo con el articulado que buscaba la creación de una Corte Electoral para suplir funciones asignadas a la Sección Quinta de la Corporación. Para exponer el referido informe, se generó un espacio de diálogo constructivo interinstitucional con los legisladores ponentes de la reforma con el fin de proponer la eliminación de los apartes que afectaban el ámbito de competencia de la mencionada sección y evidenciar la labor de esta Alta Corte que con seriedad y responsabilidad ha asumido la resolución de estos asuntos, en consonancia con los principios de celeridad, igualdad, autonomía, independencia, imparcialidad, transparencia y eficacia.
En un ejercicio comprometido con la transparencia y las buenas prácticas se acompañó la rendición de cuentas de varios de los tribunales administrativos con el objetivo de compartir con la comunidad las estrategias implementadas en su gestión, escenarios en los cuales se acreditó el esfuerzo, la dedicación y responsabilidad de los servidores judiciales.
Frente a la publicación de datos abiertos, se destaca la creación de observatorios para la difusión de las decisiones en materia de pérdida de investidura, acciones populares y de grupo, el control de legalidad a decretos durante la emergencia por Covid-19, decisiones de interés vía podcast semanal y renovación del boletín de jurisprudencia y conceptos con los pronunciamientos más representativos de la Corporación.
Sobre el particular, se resalta la gestión de esta comisión que en conjunto con los miembros de la Sala de Consulta y Servicio Civil y de la Sección Quinta permitió la construcción de un documento en el que el que se argumentó la posición institucional y el desacuerdo con el articulado que buscaba la creación de una Corte Electoral para suplir funciones asignadas a la Sección Quinta de la Corporación.
Para exponer el referido informe, se generó un espacio de diálogo constructivo interinstitucional con los legisladores ponentes de la reforma con el fin de proponer la eliminación de los apartes que afectaban el ámbito de competencia de la mencionada sección y evidenciar la labor de esta Alta Corte que con seriedad y responsabilidad ha asumido la resolución de estos asuntos, en consonancia con los principios de celeridad, igualdad, autonomía, independencia, imparcialidad, transparencia y eficacia.
La Presidencia de la Corporación con la asesoría de esta comisión diseñó un aplicativo que busca automatizar los formatos de calificación correspondientes al periodo 2022-2023 para la evaluación del factor calidad de los magistrados de Tribunales Administrativos en carrera y de los jueces en carrera que desempeñaron en provisionalidad el cargo de magistrado de Tribunal.
La referida herramienta busca agilizar este trámite de la carrera judicial para que sea más expedito y su lanzamiento oficial, se tiene previsto tentativamente para el primer trimestre de 2023.
Durante el 2022 la Corporación enfocó sus esfuerzos en: (i) la implementación de herramientas tecnológicas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y, (ii) el fortalecimiento de los instrumentos que permitan el acceso a la administración de justicia de todos los habitantes del territorio.
Dentro de este marco, se resaltan algunas actividades por su importancia:
• Consolidación de SAMAI como el aplicativo web de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que recogió las buenas prácticas de la gestión judicial y a la fecha permite el registro y control del expediente desde su inicio hasta su terminación con la participación de los sujetos procesales y sus apoderados. Al respecto, vale la pena señalar las principales actualizaciones y funcionalidades: transparencia y eficacia.
La Comisión de Relatoría en conjunto con la Presidencia de la Corporación y el Comité de Vocabulario Controlado logró implementar adecuadamente el nuevo sistema de relatoría por SAMAI que, con sus tres módulos de reparto, titulación y consulta, completa de forma integral los servicios de SAMAI en el proceso de gestión judicial y garantiza la disponibilidad de la jurisprudencia en términos de oportunidad y calidad.
Durante el año se llevaron a cabo capacitaciones de sensibilización para el nuevo sistema de relatoría dirigido a todos los funcionarios de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como la implementación de planes piloto de migración de la información del sistema tradicional al sistema SAMAI con el fin de fijar criterios de búsqueda unificados de la información.
Se impulsó con éxito la campaña de nuevos suscriptores al Boletín de Jurisprudencia y Conceptos del Consejo de Estado con un aumento significativo de 5.727
A la fecha se encuentran pendientes por digitalizar 10.877 expedientes en las Secciones: Primera, Segunda, Tercera y Cuarta, de manera que la prolongación del proyecto es indispensable para volver realidad la figura del expediente electrónico en toda la Corporación, hecho histórico que se ajusta a la era digital y repercute positivamente en los usuarios de la administración de justicia.
Este propósito requiere indiscutiblemente de recursos humanos y técnicos, razón por la cual es necesario contar con el apoyo decidido del Consejo Superior de la Judicatura.
Esta comisión colideró en coordinación con la Comisión de Relatoría, el lanzamiento de la publicación de la obra «Enfoque diferencial y equidad de género en la jurisprudencia de la Corporación», instrumento que se puso a disposición de la ciudadanía a través de una versión digital que favorece su divulgación. Esta obra consolidó en 256 extractos, providencias de más de 100 años de función judicial del Consejo de Estado, en las que se plasma la reivindicación y garantía de los derechos de personas y grupos discriminados o en condición de vulnerabilidad.
En articulación con la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial se llevaron a cabo diferentes actividades, dentro de las cuales se resaltan:
· La participación en el encuentro con lideresas indígenas del Pueblo Arhüaco.
· Los aportes para la construcción del Boletín de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial.
· La conmemoración de los días internacionales de la jueza, la niña, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, de eliminación de la violencia sexual en los conflictos, la mujer rural y el día mundial contra la trata de personas.
· Las diversas intervenciones de las integrantes de esta comisión interna de trabajo en el «XIX Conversatorio Nacional de Género» bajo la temática «Mujer Rural: prevención de la violencia y desafíos para el acceso a la justicia» que tuvo por objeto la reflexión de la relación de la mujer con el territorio y su desarrollo en los ámbitos laboral, personal y social.
Se impulsó con éxito la campaña de nuevos suscriptores al Boletín de Jurisprudencia y Conceptos del Consejo de Estado con un aumento significativo de 5.727
En este punto, vale la pena mencionar que en 2021 se creó el aplicativo LinkCE, como herramienta digital de uso interno con el que se busca automatizar los trámites administrativos de todos los miembros de la Corporación.
En el transcurso del año se diseñó un nuevo módulo en el que se concentra la información laboral de todos los servidores del Consejo de Estado y con ello, responder con mayor rapidez y oportunidad las solicitudes que en esta materia se presentan.
El reto ambicioso al que se pretender llegar es consolidar el histórico de datos de la planta de personal actual de la Corporación para lo cual se hace necesario fortalecer el equipo de trabajo encargado del cargue de la información.
Durante el 2022 el presidente del Consejo de Estado, como voz y representación de la Corporación, participó en 62 eventos, entre simposios, encuentros, actividades académicas y de incidencia estratégica para la misionalidad de la Corporación, 43 de ellos presenciales entre los que se destacan: